Sin embargo, el sacerdote de 66 años podría recibir la libertad condicional a partir del próximo mayo tras una nueva apelación de sus abogados.
Grassi cumple su condena en el pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria N.º 41 de la mencionada ciudad bonaerense, donde está alojado desde 2013 y el lugar en el que estudia Derecho Penal por la Universidad Siglo XXI, que comenzó en medio de la pandemia de coronavirus. Si bien su sentencia regía inicialmente hasta el 7 de agosto de 2026, fue extendida hasta mayo de 2028 ya que no le computaron el beneficio del «2×1».
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Morón y los abogados del religioso la apelaron. Aunque ese recurso extraordinario fue rechazado, presentaron otra queja que aún no fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
En mayo de este año se cumplen diez años desde que el sacerdote fue detenido, lo que representa dos terceras partes de su condena. Esto significa que podría recibir la libertad condicional, si los letrados que lo defienden solicitan el beneficio.
Cabe mencionar que este es un derecho que no puede ser otorgado a personas condenadas por delitos sexuales. No obstante, esta modificación en el Código Penal fue reglamentada después de la sentencia dictada contra Grassi, por lo que el principio de la «ley penal más benigna» evita que influya en su caso.
El 21 de marzo de 2017, el Máximo Tribunal decidió por unanimidad desestimar los recursos presentados por la defensa y dejó firme la sentencia a 15 años de prisión contra el cura «por abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada».
Tras la confirmación de la condena, el Obispado de Morón había emitido un comunicado para anunciar que tenía «prohibidas sus funciones religiosas» y que el Vaticano había dispuesto una investigación sobre las denuncias hechas en su contra.
Mientras tanto, casi nueve años atrás, el entonces director de la Fundación Felices los Niños, Juan Manuel Casolati, lo denunció ante la Fiscalía número 8 de Morón por el presunto desvío de donaciones y comida. Según la acusación, el padre habría «redireccionado» los fondos de los hogares hacia la cárcel de Campana para «solventarse una vida de lujo» en prisión.
