Legislatura Violencia de género

La Comisión Interpoderes a cargo de revisar la legislación en materia de derechos de las mujeres recibió al ministro de Ciudadanía Ricardo Corradi Diez

La Comisión Especial interpoderes a cargo de la revisión de la normativa vigente y de nuevas iniciativas referidas a los derechos de las mujeres, especialmente orientada a combatir la violencia contra las mujeres, recibió al ministro de Ciudadanía Ricardo Corradi Diez y parte de su equipo para avanzar en el debate en torno a los marcos cautelares contenidos en las Leyes 2785 (Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar) y 2786 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres).

Corradi Diez asistió acompañado de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Alicia Comelli, de la directora de la Línea 148, Soledad Crespín, y del director del Dispositivo de Atención a Varones, Mauro Andrade, quienes brindaron su mirada sobre la problemática y aportaron datos recabados en su trabajo territorial.

Al inicio de la reunión el ministro remarcó que la Comisión Interinstitucional creada para colaborar en la Implementación de la Ley 2785 en 2017 -y a diferencia de lo que se señaló en la reunión pasada- sigue funcionando y dijo que “si bien no se ha comunicado y mostrado el trabajo que allí realizan muchas personas, en este año ya se hicieron cuatro o cinco reuniones”.

Corradi comentó que a partir de la pandemia se viene trabajando con un enfoque distinto y que se están relacionando de otra manera con el Poder Judicial, entendiendo que “frente a un femicidio o hecho de violencia que genere la vulneración de derechos es responsabilidad de todos”. En ese sentido, el funcionario bregó por usar el espacio de la Comisión Interpoderes “para generar más y mejores herramientas que podamos usar todos los actores a la hora de abordar las desigualdades”. Asimismo, el funcionario señaló que, ante un hecho de violencia, no puede haber tres fuentes de información diferentes y que se debe trabajar para unificar los datos con que cuenta el Poder Ejecutivo, el Judicial y la ciudadanía.

El titular de Ciudadanía opinó que “las leyes nos dan un eje rector vertical, pero tenemos que trabajar en la transversalidad” y ahondó en que lo primero que se observa en el territorio es la desconexión de los dispositivos. “Hay que unir las leyes en el funcionamiento y en la ejecución”, comentó.

Corradi también explicó que en el trabajo territorial que se realiza desde la cartera que dirige, se observa que en el interior los intendentes no cuentan con toda la información clara y ordenada y que” gran parte del trabajo que realizan desde su Ministerio referido a las violencias consiste en sentarse a explicarles la cantidad de recursos con los que dispone, y cómo y cuándo utilizarlos. “Estamos trabajando en la posibilidad de contarles todo lo que debería estar funcionando en su localidad de manera articulada ante un hecho de violencia o un femicidio”.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, consideró que las dos leyes que tenemos referidas a la violencia contra la mujer “pueden parecer confusas para los operadores” e hizo en hincapié en la importancia de dar a conocer los recursos que se relevaron de forma simple y accesible de manera tal que permita tener un sistema integral de denuncia y seguimiento”.

La presidenta del cuerpo y vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, Soledad Gennari, coincidió en la importancia de unificar todos los datos y recordó que si bien el Poder Judicial tiene un mapa de acceso a la justicia donde se dispone de toda la información necesaria para este fin, “el Ejecutivo cuenta con mucha otra información de toda la provincia y es importante sumarlos a este mapa para que tanto la gente como los operadores puedan acceder a buscar o dar un dato útil”. “Unificar la información en una base de datos única y colaborativa, chequeable y sistematizada es impostergable” dijo Gennari y agregó a la lista de urgentes la necesidad de hacer una campaña masiva de comunicación. La funcionaria insistió en que esta tarea “es la piedra angular de todo el trabajo de la Comisión Interpoderes, incluso antes que la reforma de los marcos”.

Asimismo, Gennari diferenció la comunicación que debe ir dirigida al público general referida a los canales y procedimientos para hacer una denuncia con todos los datos de acceso chequeados y actualizados para que se logre, y por otro lado un “recursero con distintos niveles de acceso para construir una base de datos colaborativa que pueda sistematizarse como una web, una aplicación o un servidor”. En ese sentido, la funcionaria señaló que “como provincia no tenemos una plataforma de gestión integral de procesos. Está todo fragmentado y no permite ver a las personas en su integridad, especialmente dentro de su contexto que también es importante”.

Desde la Línea 148 de Acompañamiento y Contención a las Violencias, Soledad Crespín comentó que existe un recursero pre pandemia y otro de pandemia y los diferenció en que este último contiene datos privados y personales de los funcionarios y operadores que son de uso interno y no pueden ser divulgados para el acceso público. “Este modo alternativo de trabajar que llegó con la pandemia quizás vino para quedarse y por eso los datos que se den tienen que ser lo más simplificados posibles”, concluyó.

Al referirse al incumplimiento de las medidas cautelares, desde el Ministerio Público Fiscal, Carolina Mauri señaló que “se parte de la idea de un sujeto idealizado que va a cumplir las medidas cautelares como las pensamos” y reflexionó sobre la repitencia de las mismas medidas cautelares para todos los casos por igual, sin tener en cuenta las circunstancias concretas, sociales y económicas”. En ese sentido, la funcionaria opinó que las cautelares no pueden ser medidas estandarizadas y burocratizadas sino que “deben ser evaluadas según el contexto para asegurarse que sean eficaces y evitar que haya que corregirlas luego”.

A su turno, el Director de Dispositivos de Atención a Varones (DAV), Mauro Andrade explicó que en el abordaje territorial se evidencia que estos varones no viven la ley como un límite y por ello la infringen. También acotó que “ante el incumplimiento de la cautelar aparece la sanción sobre lo incumplido y no sobre lo que hicieron”. En tal sentido resaltó la importancia de resignificar las medidas judiciales a estos varones, “porque a veces no alcanza con explicarles, sino que hay que brindarles una instancia con herramientas y estrategias que les facilite el acceso para dar respuesta a esa medida judicial”.

“Se debe buscar que los varones vengan a los dispositivos, reciban las herramientas para resolver de otro modo los problemas que le causan frustración y enojo”, señaló Andrade al tiempo que explicó que es importante que estos varones tengan éxito en el reeducarse y resocializar y señaló que cuando eso no sucede, existe un tratamiento terapéutico personalizado que puede durar hasta un año dependiendo de la complejidad. También advirtió que cuando se percibe que el dispositivo no funciona, se da aviso a la Justicia y se pide la revisión de las medidas cautelares.

Finalmente, la presidenta del cuerpo concluyó el encuentro planteando como eje de discusión para la próxima reunión la tolerancia al incumplimiento de las medidas cautelares previstas en los artículos 28 de la ley 2785 y 20 de la 2786.

Formaron parte de la reunión de la comisión las diputadas María Fernanda Villone, Leticia Esteves, Ludmila Gaitán, Soledad Salaburu y el diputado Carlos Coggiola; la prosecretaria legislativa Aylén Martín Aimar; por el Tribunal Superior de Justicia la vocal Soledad Gennari; por el Ministerio Público Fiscal, Carolina Mauri y Carla Prevedi; por el Ministerio Público de la Defensa, Verónicaq Berzzano; por el Ejecutivo provincial, la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui y Valeria Nogués.

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