Concejo Deliberante Judiciales

El Jury de Enjuiciamiento declaró la inadmisibilidad de dos denuncias recibidas contra el fiscal jefe Fernando Rubio

El pasado lunes se reunió la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, que fue presidida por la Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María Soledad Gennari, e integrada por el Diputado Fernando Gallia y la Dra. Victoria Magdalena, declaró la inadmisibilidad de dos denuncias recibidas contra el fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio.

Vale recordar que el fiscal jefe, Fernando Rubio, fue denunciado allá por febrero del corriente año, por el bloque de diputadas/os del Frente de Todos por su actuación en la imputación a los concejales de Villa La Angostura por supuesta “desobediencia” a una orden judicial, entendiendo que además había mala conducta y desconocimiento del derecho. Por otra parte un vecino de la mencionada localidad, Jorge Sainz, también lo denunció por su actuación en un caso de tierras.

Los diputados/as provinciales consideraron en aquel momento que su intervención fue “de suma gravedad institucional, constituyendo un apartamiento severo de las reglas de conducta de los agentes pertenecientes al Ministerio Público Fiscal».

Los denunciantes afirmaron que Rubio “en forma urgente y sin mediar ningún procedimiento previo” realizó un allanamiento al Concejo Deliberante , lo cual calificaron como una medida “extrema y absolutamente injustificada”.

Por otra parte acusaron al fiscal Rubio de «llevar adelante una persecución política y judicial contra los representantes del pueblo de Villa La Angostura». Acusaron al fiscal jefe de desconocer el derecho porque los ediles nunca habían sido notificados formalmente de la orden judicial, por lo cual, no habrían podido desobedecerla.

También le cuestionaron “haber asumido una posición sobre el fondo del asunto, sin verificar los extremos vinculados a la ausencia de notificación de la medida ordenada a los concejales que, luego, en forma individual fueron encausados por el delito de incumplimiento de una orden judicial, lo que importa un mal desempeño en sus funciones, situación que se agrava por la existencia de un conflicto de poderes”.

Por otro lado, también el Jury analizó la denuncia particular de Jorge Sainz, vecino de Villa La Angostura, quién lo acuso de “abuso de sus funciones” en torno a una denuncia de usurpación por un lote en Cumelén.

Sobre este hecho se lo denunció por decidir “comisionar a personal policial para desalojarlo del inmueble y privarlo junto con los operarios y uno de sus abogados, de su libertad ambulatoria, motivo por el cual fueron conducidos -en forma ilegal- por el comisario Guillermo Alfaro junto a sus subalternos a la dependencia policial” .

La vocal del TSJ María Soledad Gennari señaló que “en primer lugar, los denunciantes refirieron a la `gravedad` de la intervención fiscal ya que -ni bien recibió las actuaciones del Juez Procesal Administrativo- solicitó una «orden de allanamiento» a la sede del Concejo Deliberante, información que habría podido obtener mediante un simple `oficio`. Lo afirmado no se corresponde con las actuaciones incorporadas al legajo”, sostuvo.

En tal sentido apuntó que “recibidas la comunicación de la OFIJU Adminístrativa de Zapala, el Ministerio Público Fiscal (MPF) procuró obtener información sobre el supuesto incumplimiento de la orden, incorporando el testimonio de la letrada que había actuado en el trámite del juicio político, amén de la información que había aportado el Sr. Presidente del Concejo Deliberante. fue, precisamente, la discordancia entre los datos sumados a la investigación lo que habría motivado la solicitud de la orden de allanamiento».

«A más de ello y aun cuando pudo causar zozobra el hecho del allanamiento para obtener el Acta del Concejo y demás vídeos relacionados con la sesión pública, lo cierto es que -en sí- no es un acto ilegal ni se encuentra vedado por el ordenamiento jurídico para que pueda llevarse a cabo en lugares y/o reparticiones públicas, circunstancia que deberá ser valorada por el o los jueces de la causa penal a quien le competa entender en la imputación penal», indicó.

Por otro lado, desestimó también que hubiera «desconocimiento supino del derecho». “No cabe aseverar, entonces, que el Sr. fiscal Jefe desconoció que -para concretar la imputación por el delito de «desobediencia a una orden»- ésta debía estar notificada a los destinatarios, ya que, en efecto, ello fue uno de los tópicos de indagación fiscal para formular el reproche penal”.

Tampoco puede inferirse que haya mediado «persecución judicial y política» respecto de las y los Concejales imputadas/os. “Las constancias revelan que hubo una actuación fiscal ceñida a la documentación que le había remitido la OFIJU Administrativa de Zapala. No hay elementos fácticos que indiquen que el Sr. Fiscal Jefe actuó y/o dirigió los actos con la aviesa intención de «perseguir» a las autoridades legislativas municipales. Los datos recabados en la investigación -y muy especialmente, los aportados por quien se desempeña como Secretaria del Concejo Deliberante- dan base para sostener que habría existido la desobediencia a la orden judicial impartida por el Dr. Nicolini”.

En cuanto a la denuncia particular de Jorge Sainz, señaló que tampoco advierte conductas reprochables a Rubio, en virtud de que no había orden de detención y que se cursan actualmente otras causas penales y civiles en torno al terreno en conflicto.

En suma, de las constancias arrimadas, no se logran verificar que medien inconductas reprochables al Sr. Fiscal Jefe, por lo que -si mi opinión es compartida por mis pares de Comisión- corresponde declarar la inadmisibilidad de la denuncia promovida.

A su turno, el diputado FERNANDO GALLIA, dijo: «soy de la misma opinión de la Sra. Presidenta de la Comisión con respecto al cuestionamiento del Sr. Fiscal Jefe, por lo que acompaño dicha decisión respecto a esta denuncia. Así voto».

A su vez, la Dra. VICTORIA MAGDALENA SANDOVAL dijo: «adhiero en líneas generales a los fundamentos expresados en el voto formulado por la Sra. Presidenta 26 de la Comisión Especial, por lo que emito mi opinión en igual sentido».

Cabe señalar que el Jefe Fiscal, Fernando Rubio, es el único fiscal de la provincia que cuenta con seis posgrados internacionales, por lo que señalarlo de desconocer el derecho, llamó la atención y todo derivó en una jugada político-judicial que solo le tomó tiempo a la Justicia ocupándose de temas que no obtuvieron el fruto que quisieron los denunciados, sin contemplar la poca base de los argumentos presentados.

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