Legislatura Sociedad

La adhesión a la “Ley Yolanda” obtuvo despacho por unanimidad

Neuquen.- La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable inició el tratamiento de tres proyectos de adhesión a la ley nacional 27.592 denominada “Ley Yolanda”.

La misma crea un Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible e insta a que la provincia capacite de manera obligatoria en temáticas de desarrollo sostenible y ambiente a las personas que se desempeñen en la función pública.

Luego de las exposiciones y la unificación de los tres proyectos de adhesión a la Ley Nacional Yolanda, la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) dio despacho por unanimidad a la norma que establece la obligatoriedad de formación para agentes de cambio en Desarrollo Sostenible e insta a que, en la provincia, todas las personas que se desempeñen en la función pública se capaciten en temáticas de desarrollo sostenible y ambiente.

Las capacitaciones alcanzarán a los tres poderes del Estado para generar conciencia ambiental en aquellos funcionarios y funcionarias involucrados en definir y gestionar políticas públicas.

La diputada provincial y vicepresidenta primera de la Legislatura, María Fernanda Villone sostuvo que la adhesión a la ley nacional en la provincia “busca revertir de alguna manera el daño que nosotros mismos le generamos a nuestro hábitat”.

En el mismo sentido, consideró que “todos los valores mencionados en la norma tienen que ver con la lucha y el cambio climático. Nuestra adhesión como el de las demás fuerzas tiene que ver con que somos conscientes de lo que está sucediendo, de las cosas que tenemos que modificar, de lo que ya no podemos hacer y de los hábitos que tenemos que cambiar”, aseguró.

La adhesión a la “Ley Yolanda” que impulsa el bloque del MPN es en homenaje a la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo en la Secretaría de Ambiente en 1973 durante la presidencia de Juan D. Perón.

Las capacitaciones alcanzarán a los tres poderes del Estado y a los distintos niveles jerárquicos para generar conciencia ambiental en aquellos funcionarios involucrados en definir y gestionar políticas públicas. Además, sostiene que la norma pretende ser un espacio de vinculación permanente entre el Estado y la comunidad científica.

Sobre los contenidos, indica que los mismos deben contemplar información referida al cambio climático; a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas; a la eficiencia energética y a las energías renovables; a la economía circular y al desarrollo sostenible; así como también deberán incorporar información relativa a la normativa ambiental vigente.

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