Alquileres Sociedad

Oficial: congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos se prorrogan hasta el 31 de marzo

El Gobierno oficializó la prórroga de la suspensión de los desalojos y el congelamiento de precios de los alquileres hasta el 31 de marzo, debido a que “muchos trabajadores y muchas trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y pequeñas y medianas empresarias han visto fuertemente afectados sus ingresos” desde el inicio de la pandemia, lo que “puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda”.

“La emergencia sanitaria, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”, señala el decreto.

“Si bien se observa una recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial, continuando el impacto negativo y no deseado de la pandemia de COVID-19 sobre las familias y empresas”, agrega.

La medida ordena la suspensión de los desalojos, la prórroga de los contratos, el congelamiento de precios de los alquileres hasta el 31 de marzo de 2021. También extiende hasta el mismo plazo lo establecido para la subsistencia de fianza y las deudas por falta de pago y hasta abril las deudas por diferencia de pago.

Cabe recordar que el Gobierno decidió en septiembre pasado mantener suspendidos los desalojos por falta de pago y seguir con el congelamiento de precios de los alquileres de los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados. Asimismo estableció también la extensión de los contratos de locación.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

La medida vigente en la actualidad vencía el 31 de enero.

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